Hoy la prensa venezolana señala sin
atisbos de sorpresa un hecho aterrador:
“Fue un privado de libertad, recluido en la Penitenciaría General de Venezuela
(PGV), líder de un grupo delictivo, quien planificó y ordenó (desde la cárcel)
el asesinato del Juez Miguel Rafael Ledezma González, quien no accedió al
intento de soborno para que decretara su libertad” (Correo del Orinoco, 04/07/2015).
Lo que el periódico oficial destaca en el
lead informativo es la hazaña policial al abatir –más de un mes después del
crimen- a dos presuntos sicarios. Hermético silencio acerca de la monstruosidad
convertida en pauta común delincuencial desde las rejas carcelarias.
¿Por qué ese empeño del Gobierno y, en
particular, de los responsables de prisiones, en silenciar el libertinaje de
los reos para seguir cometiendo delitos tras las rejas? ¿Qué se oculta tras el amparo de tan viles hechos?
Venezuela es el único país del mundo donde en las cárceles
los peligrosos criminales continúan ostentando su rango de líderes de grupos
delictivos a quienes mediante teléfonos móviles imparten órdenes de
asesinatos, secuestros, extorsión y todo tipo de fechorías.
Seguros tras las rejas, protegidos,
alimentados y hasta consentidos en su ocio por las autoridades carcelarias,
estos malhechores gozan de privilegios inimaginables en otras prisiones del
mundo. Quizás consideren una ventaja estar allí resguardados, en oscuros tratos
y connivencia con quienes les permiten pasar armas y cualquier tipo de objetos
y sustancias, visitas íntimas con derecho a pernoctar, organizar bacanales y
diversiones como en casinos…
Y ¡Ay de quien les niegue estos “derechos
adquiridos”! Se arma todo un escándalo nacional. Los familiares se declaran en
huelga. Las madres, desgarradas de dolor, aunque antes nunca supieron en qué
andaban sus hijos, claman ante las autoridades por un “trato digno” para su
descarriada prole. Las organizaciones “defensoras de los derechos humanos” hacen coro a tales reclamos y parecen olvidar
que el más elemental derecho, el de la vida humana, es despreciado por estos
criminales, convirtiendo cada día a Venezuela en un campo de muerte.
Dos terribles señalamientos hace hoy la prensa
en Venezuela:
1 - “El hampa arrebató al Estado
venezolano la autonomía sobre la violencia y la seguridad” (Rafael Narváez,
abogado penalista).
2 - La misma prensa oficial reseña como
algo natural que desde la prisión “el líder de un grupo delictivo” ordene
asesinatos.
¿A merced de quien estamos?
Compatriotas, desde hace más de una
década venimos denunciando estos crímenes inadmisibles planificados en prisiones venezolanas. Un inexplicable y
aterrador silencio ha sido la respuesta no sólo de los medios de comunicación a
quienes hemos entregado material contundente (Yo Acuso...), sino del Gobierno mismo, lo que es muchísimo más grave. Es al Estado a quien
corresponde, sin silencios ni medias tintas, “hacer valer su posición de rector de la política de seguridad
ciudadana” (abog. penalista Rafael Narváez, ibid).
Presidente Maduro, ¿tiene Usted alguna
palabra al respecto? ¿A quién beneficia el reiterado silencio sobre tales
crímenes sin castigo? Se lo demanda una luchadora social de larga data,
conmovida ante tan espeluznantes hechos.
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