domingo, 28 de julio de 2013

PUEBLOS ORIGINARIOS SE NIEGAN A SER DESPLAZADOS


  Hace dos días culminó en Caracas el V Congreso Bolivariano Indoamérica Joven, con la participación de representantes de 14 países. Se concretaron 27 acuerdos en defensa de los derechos de los pueblos originarios y proliferaron los discursos. El Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Sr. Jorge Arreaza, se refirió al empoderamiento de los pueblos indígenas, promovido por el fallecido Presidente Chávez,  y se acordó impulsar la justa demarcación territorial tan largo tiempo postergada.

   Coincide esta celebración con los primeros cien días de gobierno del Presidente Nicolás Maduro, ocasión propicia para reproducir aquí una carta a él dirigida en abril pasado por el Profesor Esteban Emilio Mosonyi, aliado de los indígenas, antropólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Profesor Titular de Lingúistica y Antropología, conocedor de más de 70 lenguas indígenas, autor de numerosas obras relacionadas, en cuya trayectoria huelga detenernos. Valga, sin embargo, recordar que hace menos de cuatro años (octubre de 2009) el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información rindió a él y a su fallecido hermano Jorge Mosonyi (también antropólogo) un reconocimiento en el Centro de Diversidad Cultural, en Caracas, acto en el cual el referido Ministerio destacó:  Este homenaje no es para un brujo que ha extraído de la intuición el saber sino para un soldado, un verdadero guardián de la lingüística de los pueblos originarios en nuestro territorio y en muchos más. Lo mismo se aplica a su hermano Jorge Carlos, fallecido hace menos de dos meses”.

   Con esta cita queremos significar que el autor de la carta aquí reproducida no es ni ha sido un adversario del actual gobierno, y menos un crítico político por vocación. Desconocemos si el Presidente Maduro le concedió audiencia o ha dado respuesta a su comunicación pública. Al contribuir a difundirla deseamos expresar que los criterios allí expuestos deben ser tomados en cuenta y analizados con atención,  pues no provienen de ningún brujo, sino de alguien conocedor del tema tratado.
 
 
Prof. Esteban Emilio Mosonyi
Carta Pública al Presidente Nicolás Maduro
del Antropólogo y Profesor
Esteban Emilio Mosonyi
               
Caracas, 8 de abril de 2013
Excelentísimo Sr. Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Al saludarle con todo mi respeto y consideración, comienzo diciendo que me ha costado algún tiempo decidirme a escribirle esta carta, ante la complejidad de la situación que le voy a plantear y lo difícil que resulta esperar una respuesta favorable de alguien que personifica el poder máximo en un Estado, cuando uno deja de recurrir a los canales convencionales. No obstante, tomé la determinación de hacerlo, impulsado inicialmente por la persecución y acoso a que está sometido un gran luchador social, el Profesor Universitario Lusbi Portillo, amigo de larga data que ha dedicado casi treinta (30) años de su vida productiva a la defensa irrestricta de los pueblos indígenas del estado Zulia, y de modo muy especial a los yukpa, hoy sometidos a un injusto despojo de sus tierras y violación de su hermosa y riquísima cultura tradicional.
Mucha gente tiene conocimiento de mi hoja de vida, convalidada por realizaciones y logros en favor de los pueblos indígenas y minorizados de Venezuela y del Mundo; mis esfuerzos durante largos decenios por impulsar la sociodiversidad, el pluralismo cultural y lingüístico, una interculturalidad dialogante; la búsqueda de un equilibrio sostenible de las sociedades humanas entre sí, así como entre el Ser Humano, el Planeta Tierra y el Cosmos que nos alberga a todos por igual. Afortunadamente estos principios están consagrados en la Constitución Bolivariana y ocupan un lugar privilegiado en nuestra legislación y en Convenios Internacionales firmados por la República. Hoy no podemos aspirar a una transformación integral de nuestras formas de vida en la Tierra, ignorando en “Buen Vivir” de los pueblos amerindios ni el “Ubuntu” de los pueblos africanos.
Cuando ocurrió en fecha reciente el monstruoso asesinato del heroico Cacique yukpa Sabino Romero Izarra –nuestro Segundo Guaicaipuro de estirpe caribe– a manos de unos sicarios contratados, muchos creíamos que tanto el Gobierno como la Sociedad Venezolana se harían una profunda autocrítica y aplicarían los correctivos necesarios frente a esa tragedia. Volvimos a equivocarnos porque el ensañamiento con la familia de Sabino continúa, al igual que el maltrato contra el pueblo yukpa y, por extensión, a los demás pueblos indígenas del país. Así lo demuestran los gigantescos planes y proyectos institucionales, producto de un desarrollismo insostenible e insustentable que ha venido postergando incluso la justa demarcación de las tierras indígenas, contrariando de esa manera las prioridades establecidas en la Constitución Bolivariana.
Ahora para colmo, los mejores aliados del pueblo yukpa, y en primer término el Profesor Lusbi Portillo, se ven sometidos a injustas y revanchistas acusaciones e imputaciones judiciales, con el presunto objetivo de poner fin a la resistencia indígena, obligando a las comunidades y pueblos originarios a renunciar a sus culturas y organizaciones propias, para conformarse con modelos de convivencia impuestos a partir de esquemas eurocéntricos y occidentalizados, aunque lleven el sobrenombre de socialistas.
Esta camisa de fuerza obedece, a su vez, a compromisos económicos y políticos que en los últimos años ha venido adquiriendo el Estado venezolano, abriéndose al extractivismo y a la minería legal indiscriminada hasta en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial; a la creación de obras de impacto desproporcionado para los frágiles ecosistemas donde se las pretende ejecutar; a la construcción de ciudades y vías de comunicación que prontamente desplazarían, con certeza, a sus pobladores indígenas, afrodescendientes y campesinos actuales. Igualmente crearían enormes focos de contaminación, con la secuela de contribuir al cambio climático, a la degeneración y pérdida de las últimas fuentes hídricas: en un Planeta condenado a morir de polución, hambre, sed, asfixia y enfermedades, debido a la avidez, desenfreno y faraonismo irresponsables de un modelo suicida de crecimiento, que tuvo su cuna en el capitalismo pero adquiere cada día más adeptos y adictos en países que se proclaman progresistas y hasta socialistas.
Sin violentar la modestia ínsita en cada ser humano, creo contar con la autoridad moral y la solvencia ética necesarias para solicitar respetuosamente el cese inmediato de la inicua persecución al Maestro Lusbi Portillo y otros aliados de la causa indígena y ambiental; un trato justo y equitativo para los pueblos indígenas, sus organizaciones e integrantes a través de nuestra vasta geografía; la pronta y eficiente demarcación de las tierras indígenas, ahora felizmente reiniciada por las Instituciones de la República, la cual de ningún modo significa un peligro o merma para la Soberanía Nacional; la aplicación concreta de toda nuestra normativa pluriétnica e intercultural; así como la revisión profunda y sincera de los trillados paradigmas decimonónicos de desarrollo geocida: en razón de sus indefendibles componentes económicos, geopolíticos y militares, que en varias partes del Mundo nos están llevando a una nueva conflagración mundial, acompañada esta vez de un irreversible holocausto ecológico.
No me siento ni seré nunca un fundamentalista fanático de causa alguna ni pretendo sobreponer los intereses de los pueblos tradicionales a los del resto de la humanidad. Lo que quiero y aspiro conseguir a todo trance es el diálogo intra e intercultural, el intercambio de criterios científicos y políticos, la interacción inteligente y sustentada en argumentos válidos, que nos permitan llegar a fórmulas consensuadas lo más rápidamente posible, antes que los daños sean irremediables.
Tampoco se trata de idealizar a ninguno de los actores sociales involucrados. Sabemos, por ejemplo, que existen indígenas que se dedican a la minería artesanal declarada ilegal. Pero no es menos cierto que el propio Estado venezolano pecó por grave omisión al no perfeccionar ni ejecutar la excelente iniciativa de la reconversión minera, destinada a obtener para los pequeños mineros clandestinos su inserción económica y social mediante otras actividades como, por ejemplo, la agricultura, la artesanía y el ecoturismo bien reglamentado. Mas por encima de cualquier consideración, no hay pretexto válido para que algunos jueces y fiscales –entre otros funcionarios, magistrados y autoridades tanto civiles como militares– violenten y desconozcan los derechos constitucionales de ningún pueblo indígena.
Por estos y otros motivos a veces difíciles de resumir en una breve exposición, pero no menos contundentes en sus líneas generales, al exigir el respeto a los derechos constitucionales del Profesor Portillo también le pido, Señor Presidente, una nueva y más consciente política indígena y ambiental. Somos muchos quienes solicitamos la MORATORIA impostergable para el conjunto de los Planes de Desarrollo de la Nación, su revisión exhaustiva con la consulta y colaboración permanentes de los protagonistas más compenetrados con dicha problemática, y la consiguiente elaboración colectiva de un nuevo paradigma societario ecohumanista que garantice la integridad y soberanía ecológicas de la Patria, como condición obligatoria para la Salvación del Planeta.
Señor Presidente: Dios y la Patria se lo agradecerán. También sería una forma póstuma de honrar la memoria del Presidente Chávez, quien reconoció gallardamente los derechos y apoyó la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes por su propia liberación, de la cual el pueblo yukpa constituye un claro ejemplo.
Consignaré en seguida las siguientes propuestas de necesaria ejecución inmediata:
1.       Cese definitivo del acoso y cerco judicial al Profesor Lusbi Portillo y a las organizaciones Homo et Natura y Provea, así como del permanente hostigamiento a los pueblos indígenas yukpa y pemón, entre otros.
2.       Continuidad y eficiencia en la demarcación de las tierras indígenas, según lo consagrado en la Constitución Bolivariana y en la legislación indígena vigente.
3.       Una investigación profunda y exhaustiva para determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sabino Romero Izarra, de su señor padre José Manuel Romero y del resto de los mártires yukpa que fueron sacrificados en defensa de sus tierras y su cultura.
4.       Una Moratoria para el conjunto de los Planes de la Nación que impliquen posibles daños humanos y ambientales, así como su revisión y paralización donde corresponda, por tratarse de actividades que representan un peligro para nuestra integridad y soberanía ecológicas.
Finalmente, le solicito con el mayor respeto, Señor Presidente, una audiencia a la mayor brevedad que sus obligaciones y compromisos permitan, a donde acudiría en compañía de mis asesores, especialmente aquellos integrantes del Colegio de Sociólogos y Antropólogos, Institución que me honro en presidir.
Agradeciéndole de antemano la atención prestada a estos planteamientos, me despido de Usted con los mejores deseos y expectativas.
Dr. Esteban Emilio Mosonyi.
Cédula de Identidad: 1.728.557
e-mail: e-emosonyi@hotmail.com
 
 


 
 
 
 

sábado, 27 de julio de 2013

¡R E P U D I E M O S L A T O R T U R A!


 

 

En el homenaje a Jorge Rodríguez, en el trigésimo séptimo aniversario de su asesinato, el Presidente Maduro fustigó las prácticas criminales del puntofijismo.  Ha debido fustigar con igual dureza a los militares que acaban de causar la muerte por torturas al cabo Diosny Guinand, en la parroquia de Macarao (Caracas), y a Reny Adolfo Suárez, en el Táchira, jóvenes ambos de 24 años de edad.
    Entrevistamos a Jorge Rodríguez en marzo de 1975, dieciseis meses antes de su muerte, a propósito de la unidad -que entonces creíamos posible- del movimiento revolucionario.

   Nos recibió en la sede de la Liga Socialista, en Catia, organización de la cual era Secretario General. La entrevista era para el semanario Qué Hacer, cuyo Consejo Directivo integrábamos. Algo muy significativo dijo Jorge en aquella ocasión:

   -Conviene señalar que las distintas agrupaciones políticas surgidas a raíz de la división de los partidos de izquierda en Venezuela (PCV, MIR, etc.) no han desarrollado una confrontación ideológica que permita ubicar las coincidencias e identificar en qué consisten las divergencias. Ello ha impedido que las divergencias se procesen en forma acertada y se afiancen las coincidencias.

   -La principal divergencia en el plano táctico podría ser la no precisión objetiva de la correlación de fuerzas existente en el país (…) Por otra parte, la lucha por la hegemonía del movimiento revolucionario suele confundirse con pugnas intergrupales, preñadas de sectarismo e irracionalismo que impiden a los militantes unir sus esfuerzos en torno a problemas comunes (…) De allí la existencia de un movimiento revolucionario débil y disperso, con muy escasos vínculos con la clase obrera.

   Hoy, a treinta y siete años de su asesinato, podemos decir que tales pugnas y desacuerdos, unidas a la ausencia absoluta de discusión teórica y de un trabajo perseverante en el seno del pueblo, han prevalecido desde entonces en Venezuela hasta desembocar en confusas amalgamas definitorias que abarcan desde Jesucristo hasta Bolívar y más acá…

   Detenido en extrañas circunstancias, Jorge Rodríguez es conducido a los sótanos de la Disip, cinco meses después del secuestro del industrial W.Niehous por un grupo de “Comandos Revolucionarios”, en la operación Argimiro Gabaldón. ¿Por qué el zarpazo policial hacia alguien que actuaba abiertamente, en escenario legal? ¿Cuáles intríngulis encierran estos hechos? Las veredas de la historia habrán de ser desbrozadas.

   Sólo  dos  días después de su detención  el Ministerio del Interior presidido por Octavio Lepage  anuncia  su   muerte   “a causa de un infarto”.  La autopsia –cuya copia reposa en nuestro poder- revelará la siniestra verdad: desprendimiento de vísceras, hemorragia interna… Mediante crueles torturas, la democracia -¿representativa de qué?- había segado  la vida del joven dirigente político, a sus 34 años de edad.

   Ayer se le rindió homenaje en el Cementerio General del Sur. El Presidente Nicolás Maduro y otros altos representantes del gobierno nacional estuvieron presentes. Al fustigar las prácticas criminales de los gobiernos de la IV República, el Primer Magistrado pidió a las autoridades policiales de hoy buscar “un punto de equilibrio”, pues “a veces se pasan en la aplicación de medidas correctivas”.

    Más que un ínfimo punto de equilibrio, el Presidente Maduro ha debido fustigar con igual dureza a los autores de la muerte del cabo Diosny Guinand, de 24 años de edad, torturado durante más de 48 horas por integrantes del Grupo de Acciones Especiales (GAE) del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Macarao. Luego de causar el deceso por asfixia mecánica, los autores del crimen dejaron el cadáver en el lecho de una quebrada desde el 30 de junio hasta el sábado 6 de julio actual, procediendo después a enterrarlo sigilosamente en una cancha de tiro de la zona. A los familiares del joven –quien desde hace año y medio se había alistado en el GAE y deja una hija de cuatro años- hicieron llegar la noticia de que Diosny había desertado.

Este hecho conmueve a la sociedad venezolana al igual que el ocurrido el día nueve del presente  mes en el Táchira, cuando otro joven, también de 24 años, Reny Adolfo Suárez, murió a causa de torturas infligidas por funcionarios del Ejército Bolivariano de Venezuela, destacados en el Fuerte Morotuto, en el marco del Plan “Patria Segura”. La acción se produjo cuando los militares encontraron un depósito clandestino de combustible y atribuyeron el comercio ilegal a jóvenes presentes en el lugar. Según información de testigos, los militares procedieron a amordazar a los jóvenes, les golpearon con una manguera, les rociaron gasolina y los expusieron al sol. A Suárez le obligaron a ingerir combustible y cuando su estado ya era deplorable le condujeron a un centro asistencial de La Fría, donde llegó sin signos vitales. Según el médico de guardia –informó la prensa lugareña- la muerte se debió a quemaduras de tercer grado originadas por gasolina, además de ingesta de la misma.

   Hechos como éstos –y no son los únicos durante el presente gobierno- merecen el más contundente repudio de la sociedad venezolana y del mundo, al igual que el asesinato de Jorge Rodríguez y tantos otros cometidos en décadas pasadas.