<> No son nuevas las
fechorías de presos de Penitenciaría de Guárico
En el año 2007 la aberrante conducta de una
pandilla de reos recluidos en la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico)
fue denunciada ante las autoridades “competentes” del respectivo ministerio del
denominado “poder popular”. Se trata de casos reiterados de engaño, violación,
estafa y amenazas de extorsión, seguidas de acciones de sicariato para obligar
a mantener silencio, todo ello bajo la más absoluta impunidad o complicidad por
parte de quienes debieran ejercer autoridad en el recinto carcelario.
Víctimas de estas maniobras han sido algunas
abogadas y traductoras desde comienzos de los años dos mil. En aquella fecha
los cabecillas de la banda eran los reclusos Henry Alfredo Arellano y Gustavo
Antonio Briceño Guzmán, el primero de los cuales se hacía pasar como hijo del
entonces ministro de la Defensa, General
Gustavo Rangel Briceño. A nombre de dicho funcionario el delincuente hacía
llamadas a través de los celulares 0412-463.7472 y 0416-735.1934, provisto del
listado de intérpretes públicos, y de mujeres inscritas en el Colegio Nacional de
Traductores e Intérpretes, como antes lo habían hecho con abogadas.
Con el pretexto de una multimillonaria herencia,
de un documento que debía ser traducido y de la presunta constitución de una
compañía, con honorarios retribuidos en euros, la pandilla atraía las
profesionales a quienes luego sometían a sus brutales caprichos. Una de ellas,
a quien el reo mantuvo en su cámara privada desde las ocho y media de la mañana
hasta las dos de la tarde, relató a quien esto escribe que salió de la prisión
en estado de shock. Para obligarla a acceder a sus propósitos sin gritos ni
exclamaciones de socorro, el violador le advirtió que, custodiando la puerta
–cerrada por dentro con candado- había una fila de presidiarios esperando
turno… La infortunada dama hubo de soportar todo el sadismo y vejaciones del
violador.
Al día siguiente del agravio, sin
reponerse aún de su estupor, se permitió llamar al maleante -al celular que
había servido de contacto inicial- para incriminarle su fechoría y decirle que
sería denunciado, obteniendo como respuesta que si osaba denunciarle o dar su
nombre, ya podía ir preparándose para adquirir el video que su banda haría
circular entre los buhoneros, pues había grabado todas las escenas del acto al
que ella “se había prestado”.
¡Un
vil acto de extorsión!
BAJO LA MIRADA CÓMPLICE
“Esto ocurre en una habitación reservada,
no lejos de los pasillos donde están todos los reclusos y donde todo es
permisible sin que las autoridades del penal ejerzan vigilancia alguna. Una vez
ultrajadas, algunas de estas personas han optado por mantener silencio, ya por absurda
vergüenza, ya por temor a las amenazas.
“La indefensión de la ciudadanía es total en
un país donde el delito no se frena con la prisión del reo, sino que se
perfecciona dentro de las cárceles, en un ambiente de permanente ocio,
libertinaje, posesión de teléfonos móviles a través de los cuales mantienen
contactos con bandas activas en la calle, todo amparado por ausencia de
vigilancia e impunidad. ¿Por qué no se obliga a trabajar a estos delincuentes y
se les mantiene vigilados, en lugar de otorgarles habitaciones a manera de
hotelitos privilegiados y de permitirles el uso de teléfonos, equipos de video,
etc.?”
Los párrafos entrecomillados son de un
artículo nuestro, publicado por La Razón
(9/9/2007), único medio que entonces se atrevió a hacerlo.
YO ACUSO
¨ a los medios impresos a los cuales
hicimos llegar ese material de denuncia y decidieron engavetarlo en medio del
mayor silencio, no sabemos si por cobardía, por indiferencia, o por anuencia
con el estado de cosas imperante. Concretamente acusamos al diario Ultimas Noticias cuyo redactor César Contreras -ante quien no nos
identificamos como periodistas, dadas las amenazas de sicariato de los reos-
recibió toda la información con carácter de primicia (02/09/2007), pero
advirtió que su publicación dependía de una autorización del Director,
autorización que evidentemente no fue otorgada; al Diario Vea, ante cuyo Subdirector, Servando García Ponce, nos
identificamos y pidió le enviásemos el material a su correo electrónico
personal, acusándonos recibo con fecha 12-09/2007; a la periodista Sebastiana
Barraez, del semanario Quinto Día,
con quien hablamos telefónicamente y le remitimos el material (14/09/2007).
Todos estos medios, tan celosos de la libertad de expresión, optaron por callar
hechos tan deleznables;
¨ al entonces Ministro de la
Defensa, General Gustavo Rangel Briceño, conocedor de la información publicada
en La Razón con su fotografía, lo
cual le mereció la más completa indiferencia;
¨ al entonces Director General de
Custodia y Rehabilitación del Recluso (Ministerio de Relaciones Interiores y
Justicia), Fabricio Antonio Pérez;
¨ al Inspector de Custodia
Penitenciaria (MIJ), Gregory Rojas;
¨ al Dr. Humberto Prado, Director
del Observatorio Venezolano de Pri- siones;
¨ al Dr. Eddy Salazar, Coordinador
del Programa Penitenciario UCV;
¨ a Carlos Nieto Palma, directivo de
la O.N.G, “Una ventana a la libertad”, quien nos respondió vía electrónica
diciendo que se trataba de “un asunto muy delicado”, procediendo a guardar
hermético silencio.
A las últimas cinco personas mencionadas dirigimos
cartas a título personal, poniéndoles al tanto de los hechos a fin de que
tomasen las previsiones del caso, ya como funcionarios de los “competentes”
organismos oficiales, ya como supuestamente dedicados a velar por la situación
carcelaria y a hacer público tal estado de cosas. Ninguno de ellos pareció
sorprenderse, ni menos aún sumarse a nuestras denuncias o proceder a las
averiguaciones pertinentes.
Reconocemos que en fecha posterior la
periodista Laura Dávila Truelo, del diario El
Universal, nos contactó y publicó un reportaje bien documentado
(09/12/2007).
HOY: IGUAL DELITO CON DISTINTOS NOMBRES
El noticiero estelar de una planta televisora
nacional transmitió pocos días después de aquellos hechos las declaraciones de
una traductora venezolana dando cuenta de que los cabecillas de la pandilla del
Guárico seguían tranquilamente con sus andanzas. El presunto hijo del ministro
mantenía en práctica su modus operandi. ¿Por qué habría de cambiarlo si todo le salía
tan bien? ¿Acaso no han contado él y su pandilla con la protección de sus
custodios y con el silencio de medios que engavetan ciertas informaciones?
Hoy es una figura pública quien confiesa
haber estado a punto de caer en las redes de un prisionero violador de oficio,
mediante modus operandi idéntico al
de años anteriores. Cercana a las altas esferas oficiales, poseedora de varias
condecoraciones otorgadas por el gobierno venezolano, afirma no haber conocido
nunca a Yonny Bolívar, aspirante a agresor. Su artículo “Lo que me hizo Yonny
Bolívar” (Aporrea, 15/06/2015) ha
debido titularse “Lo que no me hizo Yonny Bolívar”, pues fue salvada del
ultraje gracias a la oportuna llamada de un comisario de la DISIP.
Se deduce de su artículo que esto ocurría
en el año 2008, pues según palabras
actuales de la afortunada salvada de la afrenta, “dos años después, un día del
2010” una llamada desde Miraflores –nada sorprendente, dado su status- la
instaba a una reunión urgente con un tal Capitán. Esta vez fue su intuición y
sus altos contactos quienes la disuadieron. Salvada del ultraje dice no haber
hecho pública antes su “terrible experiencia” (la que pudo haber sido de no
mediar oportunas llamadas) porque le “daba vergüenza haber caído en la trampa”.
En la trampa cayeron y seguirán cayendo
quienes, careciendo de contactos policiales conocedores de las movidas de
malhechores tras las rejas y de vínculos con altas esferas, continuarán a
merced de violadores y extorsionistas protegidos en las cárceles.
¿A quién corresponde poner freno a
esta situación?
